La Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación, reitera una vez más- la defensa de la “independencia judicial”, como un “derecho humano fundamental” amparado por el art. XXIV de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y el art. 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y recuerda que es obligación de los Estados, garantizar que los /as fiscales y los/as jueces puedan ejercer sus funciones con imparcialidad y objetividad, sin estar sujetos a ningún tipo de intimidación e injerencias indebidas, nacionales o extranjeras.
En consecuencia, todos los estamentos comunitarios, y en especial las autoridades oficiales, deben obrar con extremada prudencia, alejados de cualquier violencia verbal, para evitar que los cuestionamientos a las resoluciones o actuar judicial, sean sospechados de tener la intención de amenazar o amedrentar a los operadores judiciales, por lo que deben canalizar sus revisiones y objeciones dentro del sistema de control procesal que corresponde al legajo investigativo, evitando cualquier afectación a la división de poderes.
En ese marco, resulta impertinente, que funcionarios, ante el desagrado de una decisión judicial, canalicen, casi exclusivamente sus cuestionamientos, con el anuncio mediático de la denuncia ante el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires de la jueza Karina Andrade, por un “posible incumplimiento de funciones”, sin antes haber utilizado o pretendido la vía recursiva o las herramientas legales, para revertir o modificar la resolución que consideran en crisis.
Este llamado de atención a todos, en modo alguno pretende establecer una defensa corporativa de ningún magistrado judicial, y sí, por el contrario, tiene el objetivo de poner de manifiesto la defensa de la institucionalidad y legalidad que debe reinar en un Estado de Derecho.
Ricardo Rafael TORANZOS Presidente
Susana Marta PERNAS Vicepresidenta 1°
Virginia MIGUEL CARMONA Vicepresidenta 2°