La Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación, quiere expresar su repudio a las expresiones vertidas por el Sr. Presidente de la Nación, Dr. Javier Milei y de otros funcionarios del gobierno, en relación con la investigación que se lleva a cabo en la jurisdicción federal de La Plata respecto del “caso del fentanilo contaminado”, en especial cuando solicitaron detenciones de supuestos sospechosos, bajo la amenaza de recusar a los operadores judiciales.
En ese sentido, corresponde señalar que el art. 109 de la Constitución Nacional reza que: “En ningún caso el Presidente de la Nación puede ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas”; ello claramente impone al primer mandatario, a diferencia de los ciudadanos de una nación, la manda de no interferir de ninguna manera en casos judiciales en pleno desarrollo.
En ese marco, los dichos en cuestión, vertidos de manera mediática, pueden interpretarse como una injerencia indebida e intolerable en una causa judicial, que además pone en riesgo la transparencia de las futuras decisiones del juez y la fiscal del caso, máxime en una investigación compleja, que alteró significativamente la paz social, por la materia y la cantidad de victimas, donde se deben determinar los distintos niveles de responsabilidad de los sospechosos.
En consecuencia, se debe advertir que al gobierno le compete garantizar la seguridad de los magistrados, “para que puedan ejercer sus funciones profesionales sin intimidación, trabas, hostigamiento, injerencias indebidas” … (Directrices sobre la Función de los Fiscales -Octavo Congreso de Naciones Unidas sobre Prevención y Tratamiento del Delincuente, La Habana, Cuba, 1990), evitando cualquier riesgo a la división de poderes que debe regir en un Estado de Derecho.
Por ello, exhortamos a las autoridades gubernamentales y a toda la comunidad política a una prudencia especial, que impida que inoportunas criticas a un proceso penal en tramite, pueda contaminar las investigaciones o cercenar la capacidad investigativa de la fiscalía y de los jueces.
Ricardo Rafael TORANZOS, Presidente
Alberto Adrián María GENTILI, Secretario General