La Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación con motivo de los anuncios del Ministerio de Justicia sobre la implementación del sistema acusatorio en nuevas jurisdicciones del país, quiere reiterar y hacer expreso su acompañamiento a los reclamos presupuestarios del Procurador General de la Nación, Dr. Eduardo Casal, ya que estamos en pleno conocimiento que el Ministerio Público Fiscal viene funcionando, hace años, con partidas desactualizadas y sobre todo con precariedad edilicia y con exiguas herramientas tecnológicas de investigación, situación que se agrava en el interior de nuestro país.
Es inconcebible la independencia de la función judicial, y en particular del Ministerio Público Fiscal, que garantiza la Constitución Nacional y los tratados internacionales, con un presupuesto insuficiente para desarrollar de manera regular y eficaz las funciones encargadas legalmente.
Ello, impone que la institución ejerza un control autónomo de los recursos. Es decir, la Procuración General debió tener obligada intervención en su determinación, y mucho más, en algún recorte o disminución de las asignaciones presupuestarias que ponga en riesgo el acceso a una respuesta rápida y de calidad de los reclamos de los justiciables.
En ese marco, oportunamente la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación vió con beneplácito la decisión política del gobierno de continuar con la instalación del modelo adversarial en todas las provincias, a pesar de que ello implicaba asumir nuevas responsabilidades de parte de las y los fiscales, en el convencimiento que era un avance para saldar la deuda con la comunidad, que pretende un servicio de justicia más eficiente, transparente y ágil, que supere los estándares del tratamientos de los casos de flagrancia; disminuya los altos índices de impunidad en los delitos de corrupción y que logre el desbaratamiento de las estructuras delictivas transnacionales.
Pero el entusiasmo de los fiscales, no debe ser entendido como un renunciamiento a los reclamos razonables de recursos, humanos y técnicos, para asumir la tarea propia de cada jurisdicción, máxime en un nuevo escenario que requiere un modo diferente de organización y gestión, que no puede ser afrontado con presupuestos desactualizados. La vorágine en la implementación en los últimos tiempos puso, aún más, de relieve la insuficiencia de las asignaciones económicas, exigiendo que las instituciones oficiales comprometidas (la Procuración General de la Nación, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de la Magistratura y la Defensoría General de la Nación) coordinen, las acciones urgentes y mínimas, con medios que ya eran escasos, para asegurar su funcionamiento en más de nueve provincias.
Lo cierto, que el inicio del funcionamiento del acusatorio se asentó, casi exclusivamente, en la dedicación y vocación de servicio de los operadores del sistema: fiscales, jueces, defensores, funcionarios y empleados.
El destacado éxito obtenido en las jurisdicciones de Salta y Jujuy, en donde se aplica de manera plena el CPPF, desde hace casi seis años, tiene ejemplos concretos de eficacia, en especial en la transparencia del trámite, tanto de las investigaciones como en las imputaciones, con una inmediación extraordinaria de las partes en la resolución de los conflictos, hasta en casos con difícil acreditación probatoria, en períodos inferiores al año. Por otra parte, el esfuerzo realizado por los nuevos actores del mecanismo en las jurisdicciones de las Cámaras Federales de Rosario, Mendoza, General Roca, Comodoro Rivadavia y Mar del Plata, permitirá, a medida que se vaya consolidando el modelo procesal, proyectar programas de política criminal, con criterios objetivos y especiales, para abordar exitosamente la problemática criminal de cada región.
En ese orden de cosas, celebramos que el Procurador General convoque a los y las fiscales, de todas las instancias, federales y nacionales y en todas las jurisdicciones, en especial a aquellos que van a desarrollar la funciones de “fiscal del caso”, para obtener los datos valiosos que permitan conformar el mejor y más adecuada diseño de unidad de actuación, teniendo en cuenta todas las aristas de las acciones delictivas propias de cada territorio.
Así las cosas, exhortamos a las autoridades políticas a replantear sus posicionamientos en la determinación del presupuesto del Ministerio Público y del Poder Judicial, de modo tal que estas transcendentes transformaciones procesales que están llevando a cabo, no se vean frustradas por la incomprensión de las herramientas necesarias para el cumplimiento regular y efectivo de una función esencial del Estado.
Consecuentemente, respetuosamente, nos ofrecemos a seguir trabajando y contribuyendo, tanto con la información obtenida en las asociaciones como con la experiencia de cada uno los socios que las integran, para que estas reformas procesales permitan un libre y efectivo acceso de los justiciables a un mejor servicio de justicia.
Ricardo Rafael TORANZOS, Presidente
Alberto Adrián María GENTILI, Secretario General