Se desarrolla en El Calafate el II Encuentro Nacional de Fiscales y Funcionarios Federales con Competencia Electoral
Fiscales federales con competencia electoral y funcionarios y funcionarias del Ministerio Público Fiscal provenientes de distintas jurisdicciones del país se encuentran reunidos en la ciudad de El Calafate, provincia de Santa Cruz, en el marco del II Encuentro Nacional de Fiscales y Funcionarios Federales con Competencia Electoral, bajo el eje temático “Los procesos electorales, evaluación, desafíos y buenas prácticas”.
La actividad, iniciada ayer y prevista hasta mañana, es organizada de manera conjunta por la Fiscalía Nacional Electoral y la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación (AFFUN).
Durante la apertura, el fiscal ante la Cámara Nacional Electoral, Ramiro González; el secretario de Disciplinaria y Técnica de la Procuración General de la Nación, Juan Manuel Casanovas; y el presidente de la AFFUN y fiscal federal de Salta, Ricardo Toranzos, brindaron las palabras iniciales, en las que subrayaron la relevancia de fortalecer el trabajo articulado para consolidar el desempeño en el fuero electoral.
En el transcurso de la jornada, la directora nacional electoral, María Luz Alegría Landívar, expuso sobre el financiamiento partidario y electoral. Posteriormente, el juez de la Cámara Nacional Electoral, Raúl Bejas, ofreció una conferencia magistral titulada “Justicia Electoral. Perspectivas y desafíos”.
A continuación, fiscales, funcionarios y funcionarias participaron de una mesa de trabajo orientada al análisis del proceso electoral llevado a cabo el año anterior.
Para la jornada de cierre, se prevé la realización de talleres enfocados en el abordaje del procedimiento administrativo sancionador. Asimismo, se llevará a cabo una instancia de puesta en común de las conclusiones alcanzadas durante el encuentro.
Participan del evento los fiscales federales con competencia electoral Laura Roteta (La Plata), Iara Silvestre (Santa Rosa), Ricardo Toranzos (Salta), Flavio Ferrini (Corrientes), Federico Zurueta (Jujuy), María Alejandra Obregón (Mendoza), Mariana Querejeta (Neuquén), Pedro Simón (Santiago del Estero), Julio Zárate (Río Gallegos), Pablo Mansilla (Ushuaia), Marcos Escandell (Viedma) y Luis Benítez (Formosa).
También forman parte el fiscal general Alberto Gentilli, en su carácter de secretario de la AFFUN; los funcionarios de la Secretaría de Coordinación Institucional de la Procuración General de la Nación, Pablo Pinto y Lucas Salerno; y secretarios y funcionarios de diversas jurisdicciones, entre ellos Juan Francisco Luena y Natalia Casco (La Plata), Alfonsina Domínguez (Santa Rosa), Marcelo Burella (Resistencia), Gabriel Vilar (Paraná), María Eugenia Atencio (Mendoza), Rocío Santos (Santiago del Estero), Julieta Álvarez Sáez (Río Gallegos), Cecilia Villegas y Luciana Molina (Córdoba), así como Magdalena Vacateran, Santiago Barea, Juliana Márquez, Hernán Mogni, Javier D’Elio, Ángeles Albanese, Mónica Senmartin, Virginia García Guillem, Fernando Comparato y Augusto Squillace (Capital Federal), y Monserrat Campos Álvarez, secretaria electoral del Juzgado Federal de Río Gallegos.
Este encuentro tiene como antecedente el realizado en agosto del año pasado en la provincia de Salta, correspondiente al I Encuentro Nacional de magistrados y magistradas del Ministerio Público Fiscal con competencia electoral.
El Calafate reunió al fuero electoral: el segundo encuentro nacional consolidó una agenda federal
En el marco del segundo encuentro nacional de fiscales y secretarios electorales, el fiscal Ramiro González volvió a poner el foco en un proceso que comenzó meses atrás y que ahora busca institucionalizarse: la consolidación del fuero electoral como un ámbito específico dentro del siste
ma judicial.
El punto de partida, según planteó, fue la experiencia previa en Salta. Allí, el intercambio entre jurisdicciones permitió detectar una necesidad estructural: dejar de operar de manera fragmentada para avanzar hacia una lógica de coordinación federal. Ese diagnóstico derivó en este nuevo encuentro, donde el objetivo ya no fue solo compartir prácticas, sino empezar a “cristalizar” un esquema de trabajo común.
Durante su intervención, González enfatizó que el fuero electoral presenta una particularidad que lo diferencia de otros ámbitos judiciales: su dimensión territorial. La geografía —y con ella, la diversidad de realidades provinciales— obliga a construir criterios que puedan adaptarse sin perder coherencia normativa. En ese sentido, sostuvo que, aunque muchos actores tienen competencias múltiples, el fuero electoral debe pensarse como un sistema en sí mismo, con reglas y dinámicas propias.
El encuentro amplió además su alcance institucional. A diferencia de la primera edición, se incorporaron actores externos al Ministerio Público Fiscal, incluyendo autoridades nacionales y organismos vinculados al proceso electoral. Esta apertura respondió a una premisa operativa: la organización electoral no depende de un único organismo, sino de la articulación entre distintas capas del Estado.
Otro eje abordado fue la implementación del sistema acusatorio en el norte del país —con experiencias iniciales en Salta y Jujuy— y su proyección hacia otras jurisdicciones. Para González, este proceso no solo redefine procedimientos, sino que también impacta en la forma en que se estructura el control electoral, obligando a revisar prácticas y estándares.
El fiscal también destacó el rol de los organismos de apoyo, en particular la articulación con estructuras internas del Ministerio Público y el acompañamiento de la Procuración General. Sin ese respaldo institucional, señaló, la capacidad de desplegar tareas en todo el territorio nacional se vería seriamente limitada.
El encuentro, realizado en El Calafate, no se limitó a exposiciones formales. Funcionó como un espacio de intercambio técnico donde se discutieron problemáticas comunes —desde financiamiento partidario hasta coordinación interjurisdiccional— con el objetivo de construir criterios compartidos. La lógica, según se desprende de las intervenciones, es reducir la dispersión operativa sin desconocer las particularidades locales.
En ese marco, la construcción de vínculos personales entre fiscales apareció como un componente operativo, no accesorio. La posibilidad de intercambiar experiencias de manera directa permite acelerar la resolución de conflictos y anticipar escenarios en contextos electorales complejos.
El segundo encuentro, en definitiva, marcó un desplazamiento respecto de la instancia inicial: de la identificación de problemas a la búsqueda de mecanismos concretos de coordinación. La consolidación del fuero electoral, más que una definición formal, comenzó a delinearse como una práctica sostenida en red, con anclaje federal y proyección institucional.