Fiscales y funcionarios con competencia electoral de todo el país participaron de un encuentro nacional realizado en la ciudad de Salta, donde intercambiaron experiencias y analizaron problemáticas propias del fuero. La actividad, desarrollada durante dos jornadas, contó con el apoyo de la Procuración General y de la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación (AFFUN).
El objetivo principal del encuentro fue generar un espacio de reflexión sobre los desafíos que presenta la materia electoral, así como compartir prácticas que contribuyan a mejorar su abordaje. Durante la apertura, el fiscal subrogante ante la Cámara Nacional Electoral, Ramiro González, realizó un repaso de las principales dificultades del área y destacó avances internos que permitieron optimizar tanto el funcionamiento como las condiciones laborales dentro del fuero.
González valoró especialmente el enfoque federal impulsado por la AFFUN y el acompañamiento institucional de la Procuración, señalando que este tipo de instancias fortalece la formación de quienes trabajan en el ámbito electoral. Asimismo, resaltó la incidencia del nuevo Código Procesal Penal Federal en la investigación de estos delitos y puso a Salta como ejemplo de implementación, con niveles de eficacia que calificó como “asombrosos”.
Durante la apertura también se recordó al fiscal Jorge Di Lello por su aporte innovador en la materia. En esa línea, el fiscal Ricardo Toranzos —titular del Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal de Salta y presidente de la AFFUN— subrayó la relevancia del encuentro, al considerar que el fuero electoral suele quedar relegado pese a su estrecha vinculación con el sistema democrático.
En un panel posterior, representantes de Salta y Jujuy expusieron sobre la aplicación del sistema acusatorio vigente en ambas jurisdicciones desde 2019. El fiscal general Eduardo Villalba repasó el proceso de implementación y destacó la aceptación que logró entre fiscales, jueces y defensores, como indicador de su funcionamiento.
A su turno, distintos integrantes del Ministerio Público Fiscal resaltaron el trabajo coordinado entre fiscales, funcionarios y empleados como un factor clave en la puesta en marcha del nuevo modelo. También se destacó el rol de herramientas como los acuerdos abreviados, la suspensión del juicio a prueba y la conciliación, así como la oralidad, que contribuyó a mejorar el debate jurídico y unificar criterios.
En relación con la dinámica procesal, se subrayó que la desformalización permitió reducir la carga judicial, derivando a los tribunales únicamente los casos que requieren discusión jurídica. Según se indicó, una gran parte de los conflictos se resuelve sin necesidad de judicialización.
En otro panel, el juez federal Julio Bavio y el fiscal Toranzos coincidieron en que el control patrimonial generó un impacto significativo en los partidos políticos. Explicaron que, bajo el sistema anterior, los procesos extensos favorecían la prescripción de los delitos, mientras que el sistema acusatorio modificó ese escenario al acelerar los tiempos y aumentar la efectividad de las investigaciones.
Este cambio implicó que dirigentes políticos —incluidas figuras de alto perfil— quedaran expuestos a investigaciones penales, donde la eventual inhabilitación adquirió especial relevancia. Según señalaron, esto incentivó una actitud más colaborativa por parte de los involucrados, favoreciendo soluciones como la conciliación y la presentación de planes de regularización por parte de los propios partidos.
El juez Bavio indicó que estas medidas tuvieron un efecto preventivo, promoviendo mayor control interno en las organizaciones políticas y generando beneficios comunitarios a través de acciones de reparación. También destacó la participación activa de fiscales, defensores y de la Oficina Judicial, así como la presencia directa de los imputados en audiencias, algo que anteriormente resultaba poco frecuente.
En la misma línea, el fiscal Federico Zurueta señaló que el nuevo sistema evidenció que ningún actor político queda al margen del control judicial.
La actividad continuó con talleres de trabajo diferenciados entre fiscales y funcionarios, donde se analizaron problemáticas concretas del ámbito electoral. Los participantes destacaron el valor de estos espacios para compartir diagnósticos y posibles soluciones comunes a distintas jurisdicciones.
En el cierre, González expresó su intención de que este encuentro marque el inicio de futuras instancias de intercambio que permitan fortalecer el trabajo en red del Ministerio Público Fiscal. Además, planteó como desafío transformar los diagnósticos surgidos en medidas concretas y avanzar hacia una institucionalidad más moderna y consolidada.
En el marco del primer encuentro nacional de fiscalías, el fiscal Ramiro González destacó la importancia de la labor conjunta. “Es un trabajo con el que todos estamos comprometidos, y esa finalidad nos une”, afirmó. En su intervención, resaltó la colaboración esencial de la Procuración General, sin la cual, dijo, sería imposible sostener el trabajo cotidiano en todo el país. González hizo especial hincapié en la sede de Salta, operativa desde hace cuatro años, donde, en sus palabras, “los colegas ya no son invisibles, sino que actúan con rostro, enfrentando la realidad”. Además, señaló que el encuentro permite compartir experiencias a lo largo del territorio, apuntando a que cada acción, en cualquier jurisdicción, impacte positivamente. “Donde sea que nos toque, buscamos que el resultado sea favorable”, concluyó.