La Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación, quiere expresar su mayor repudio a las expresiones del titular del Ministerio Público Fiscal de Venezuela, Fiscal General Dr. Tarek William Saab, cuando en una conferencia, conforme a los videos publicados por la prensa internacional, descalificó de manera grosera y agresiva -entre otras- a las instituciones judiciales argentinas, lo que constituye una injerencia indebida a los principios de la soberanía de los Estados, ya que son consecuencia de reclamos por aparentes perjuicios netamente patrimoniales.
Por ello, aparecen como totalmente irregulares las capturas internacionales y las alertas rojas supuestamente solicitadas por el Fiscal General Venezolano en contra de los magistrados judiciales, ya que se fundamentan en cuestionamientos a su actuación funcional en procesos judiciales tramitados o en trámite en nuestro país, debiendo recordar que las impugnaciones a las que se alude nuevamente no tuvieron éxito en la vía recursiva de la causa referente al avión de “Emtrasur”, donde el Estado de Venezuela se presentó como parte.
En ese marco, la AFFUN se solidariza con todos los funcionarios atacados, de los distintos poderes del Estado, en especial con los fiscales Cecilia Incardona, Jose Agüero Iturbe, Carlos Stornelli y Diego Iglesias, entendiendo que las pretensiones del Dr Saab solo tienen la intención de intimidar y silenciar a los actores que llevan adelante las investigaciones de jurisdiccion universal sobre hechos acaecidos en la República Bolivariana de Venezuela, y por ello, exhortamos a las autoridades judiciales venezolanas, en caso de existir un planteo formal, rechace “in limine” las órdenes de captura solicitadas.
En este orden de ideas, cabe recordar -una vez más- que la “independencia judicial constituye un derecho humano fundamental”, amparado por el art. XXIV de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y en el art. 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Por otra parte, en 1990, en el ordenamiento jurídico internacional en el “Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente”, se fijaron lineamientos destinados a garantizar que los fiscales y los jueces puedan ejercer sus funciones con imparcialidad y objetividad, y sin estar sujetos a ningún tipo de intimidación e injerencias indebidas, nacionales o extranjeras.
Por último, en el entendimiento que existe una situación de gravedad institucional, peticionamos a la Cancillería Argentina, que en el caso de considerar pertinente, se haga saber de esta agresion personal e institucional a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH)
Ricardo Rafael TORANZOS Presidente
Susana Marta PERNAS Vicepresidenta 1°
Virginia MIGUEL CARMONA Vicepresidenta 2°
Diego Hernán FLORES Vicepresidente de Funcionarios
Alberto Adrián María GENTILI Secretario General
Alejandro MARTI GARRO Tesorero
María Fernanda Poggi Protesorera, Carlos Rivolo, Diego Luciani, Mariana Judith Grinberg, Paula Asaro, Silvia Carina Jaime, Mauricio Agustín Viera (Zona Capital); Jorge Sica, Juan Pablo Curi (Zona Buenos Aires); María Gloria André, Alejandra Obregón (Zona Cuyo), Flavio Adrián Ferrini, Tamara Ahimara Pourcel (Zona Noreste); Marcos César Romero, María del Carmen Nuñez (Zona Noroeste), Federico Baquioni Zingaretti (Zona Patagonia), Oscar Fernando Arrigo y Javier Matías Arzubi Calvo (Zona Centro) Vocales